Han pasado cinco años desde que se registró el primer caso de COVID-19 en el Perú y cuatro años desde que inicié mi defensa en distintos fueros —Fiscalía y Congreso— por las decisiones tomadas durante la pandemia.
En el caso específico de las pruebas rápidas, he asistido a cada citación convocada, he presentado todos los sustentos técnicos requeridos y he reiterado en diversas ocasiones mi posición, siempre basada en evidencia científica. Sin embargo, siento que esta estrategia no ha dado los resultados esperados. Incluso me atrevo a afirmar que, de no haberme presentado ni remitido la documentación correspondiente, el resultado habría sido exactamente el mismo.
El caso de las pruebas rápidas, inicialmente archivado en abril de 2024, ha escalado ahora a un terreno político, por lo que tendré que defenderme ante los fueros del Congreso, específicamente en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Si la motivación de dicha comisión no es la búsqueda de la verdad, sino intereses políticos, el valor de mis esfuerzos por explicar los hechos será nulo.
Hoy estoy alejada de la función pública, plenamente dedicada a mi familia y a mi labor en el sector privado, sin ninguna aspiración política. No obstante, sigo guiándome por la transparencia. Con esa convicción, y ante la falta de receptividad de las instancias ante las que he expuesto documentos y evidencias, he creado este portal para que cualquier ciudadano pueda acceder libremente a la información que he presentado durante mi defensa.